Laberinto burocrático coloca en riesgo la materialización de los proyectos federales

Suministrada

En el municipio de Villalba, el segundo proyecto más costoso a raíz de los daños producidos por el huracán María, la reconstrucción del complejo deportivo Raúl Rodríguez Berríos, se encuentra mayormente paralizado desde hace varias semanas, en tanto se resuelven cuestionamientos relacionados al alcance de la obra y la elegibilidad de los trabajos para ser reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“En el ‘back and forth’ de documentos llevamos desde noviembre, diciembre. Tenemos la dicha de que el contratista ha sido una persona muy responsable y ha continuado haciendo labores mientras COR3 (Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) le verificaba documentos. Pero eso fue desde noviembre. Tú puedes entender que estar diciembre, enero, esperando y que le exijan documentación adicional es algo que dista mucho de lo que realmente requiere el gobierno en términos de fomentar la construcción con proyectos federales. Si quieres que este sea el cuatrienio de la construcción, no puedes aguantarle una factura a una compañía por más de 180 días”, expresó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes sostuvo que la reconstrucción del complejo, que incluye una pista atlética y un campo de fútbol, está completada en un “90%” y respondió con un “claro” al preguntársele si los trabajos habrían podido finalizarse de no haber sido por los requerimientos de información del COR3. La vigencia del contrato de Torres & Colón, Inc. para llevar a cabo los trabajos de construcción expiró hace dos días.

El ejecutivo municipal mencionó que el lunes COR3 le notificó que había evaluado la documentación solicitada y que “los documentos ya están correctos y se había sacado el caso para pago”.

“Ya el proceso de revisión de documentación pasó, todo está aprobado, todo está bien, y ahora entonces estamos esperando por que haya el desembolso para inmediatamente pagarle a la compañía”, sostuvo Hernández. Sin embargo, al cierre de esta edición, el municipio no había provisto a este medio copia de la notificación que COR3 le habría entregado.

Hernández negó tajantemente que el retraso en los trabajos y las solicitudes de documentación de parte del COR3 se deban a que la obra realizada de alguna manera excede el alcance de los trabajos autorizados por FEMA, en cuyo caso la elegibilidad para el reembolso federal se pondría en riesgo.

“Una vez se aprueba el PW (‘Project Worksheet’), se hace la subasta. Obviamente, se aprueba el PW y se trabaja la planificación. En todo ese proceso tanto FEMA como COR3 están insertados, ellos reciben los planos y el ‘breakdown’ de los trabajos […] El contratista hace los trabajos que están ahí dentro de los pliegos”, dijo el alcalde.

Sin embargo, ante una solicitud de información, la oficina de prensa de FEMA indicó que la agencia “está evaluando la solicitud de mejoras adicionales por parte del solicitante”. No se detalló en qué consistirían esas mejoras solicitadas, o si de alguna manera se afecta el proceso de reembolso por los trabajos ya completados.

En el portal de COR3, se indica que el costo del proyecto ascendería a $6,522,012, de los cuales FEMA aportaría $5,869,811 y el municipio, los $652,201 correspondientes al pareo de 10%. Aunque la obra se realizó bajo la sección 428 de la ley orgánica de FEMA, lo que implica que se establece un costo fijo y que toca al subrecipiente (el municipio) cubrir cualquier gasto en exceso que incurra, Hernández señaló que posteriormente la entidad federal autorizó enmendar la hoja de proyecto reconociendo un incremento en los costos de mercado.

De esa forma, la cuantía del contrato original otorgado a Torres & Colón el 3 de septiembre de 2020 ascendió a $6,636,670. No obstante, COR3 ni el municipio habían suministrado copia del PW en el que se incluye el alcance de la obra (SOW, en inglés) y el ajuste en el costo autorizado.

De acuerdo con el portal de COR3, el último pago realizado a la compañía se efectuó el 24 de marzo pasado.

Al ser abordado por Metro el pasado lunes, el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, rechazó que el caso de la obra en Villalba se trate de una “controversia”, si bien señaló que, de haberse realizado trabajos distintos a lo contemplado en el SOW, es necesario que FEMA pase juicio antes de que se determine si todos los gastos serán reembolsados.

“Es algo normal que si, de momento, cuando se verifica lo que ocurrió en el campo, puede haber una variación de lo que está escrito, hay un procedimiento para eso. Se evalúa, se presentan ante FEMA y entonces ocurre lo que se conoce como una versión, ‘versionar’ el PW, que no es otra cosa que enmendar el alcance de trabajo. Eso es clave porque, cuando yo voy a reembolsar, lo primero que vemos es el alcance de trabajo que FEMA aprobó. Por lo tanto, lo que hay en el campo tiene que ser lo que está en papel. No es una controversia, es un asunto procesal”, puntualizó, al añadir que se trata de gestiones que ocurren “con bastante frecuencia”.

Laboy no mostró preocupación al cuestionársele si la frecuencia de este tipo de situaciones derivaría en retrasos constantes a los miles de proyectos de reconstrucción que se planifica llevar a cabo en el país a lo largo de los próximos años, o si abriría la puerta a incrementos en los gastos de agencias o municipios que no serían reembolsados por FEMA.

Asimismo, sostuvo que COR3 está realizando las gestiones necesarias para garantizar que los proyectos transcurren dentro de los parámetros establecidos por el gobierno federal.

“Nosotros hacemos muchas gestiones. La principal es que hemos hecho eventos. El año pasado hicimos dos eventos claves, precisamente para dar las herramientas a los subrecipientes para que tengan el conocimiento pleno de lo que se tiene que hacer. El que hicimos en agosto era precisamente cómo corre un proyecto 406 (de reparación) y cómo corre un proyecto 428. El de octubre fue (sobre) los procesos de licitación, de compras”, dijo Laboy.

“Yo te puedo asegurar que con la mayoría de los subrecipientes estamos todo el tiempo interaccionando y con los municipios aun más. Si hay un sector que recibe un apoyo continuo de nosotros son los municipios. […] Nosotros estamos en constante comunicación y les damos muchas herramientas, aclaramos dudas y entonces es cuestión de activar el procedimiento que corresponde”, añadió el funcionario.

Hernández, sin embargo, advirtió que, si no se logra “uniformar” los procesos de cumplimiento, serán muchos los proyectos de reconstrucción que se dilatarán. En el caso del complejo deportivo en su municipio, acusó a ICF Incorporated, el principal consultor de COR3, de exigir documentación “absurda”.

El contrato de Villalba a Torres & Colón recibió una enmienda 7 de septiembre de 2021, cuando se le añadió una cuantía de $278,404.68 y se extendió hasta el 25 de enero de este año.

Según Hernández, la enmienda se hizo para cubrir los gastos que implicó el hallazgo de una tubería pluvial “en el medio de la pista” que no se identificó hasta luego de iniciada la construcción.

“Afectaba por completo el proyecto. Estoy súper seguro que el municipio hizo la petición de enmienda al proyecto por esa contingencia. Ya fue aprobado por FEMA. Ese cambio se presentó a FEMA, se evidenció por los ingenieros con fotos, se visitó el ‘site’, y ellos pudieron corroborar que, en efecto, había un colapso de tubería pluvial que había que corregir y visualmente no estaba al momento que se aprobó el PW, y se enmendó. Esa enmienda la aprobaron ellos mismos (FEMA)”, dijo el alcalde.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Alcaldes, la empresa Torres & Colón les ha indicado que el complejo deportivo, luego del retraso, podría completarse en “febrero o marzo”.

“Lo que le queda a ese proyecto son algunos 30 a 45 días de construcción”, subrayó Hernández, al indicar que, por tratarse de una situación de fuera de su control, no se aplicarían al contratista las penalidades dispuestas en caso de excederse del periodo contemplado para la construcción.

Este medio intentó comunicarse con la firma, presidida por Cristóbal Torres Ramírez, pero no recibió respuesta a las llamadas ni al mensaje dejado a una dirección de correo electrónico.